2025: un año record en leyes para los animales

El año 2025 ya puede considerarse, sin exageración, un año récord en producción normativa relacionada con los animales en Colombia. Cerca de diez leyes han sido expedidas por el Congreso de la República, una cifra inédita si se compara con décadas anteriores, en las que la protección animal ocupaba un lugar marginal en la agenda legislativa.

Nunca antes el legislador se había pronunciado con tanta frecuencia sobre estos seres sintientes y afectivos, ni había abordado el fenómeno desde tantos frentes distintos: el derecho penal, el derecho civil, la gestión del riesgo, el cambio climático, los servicios, la política urbana y la institucionalidad pública.

Entre las normas más visibles se encuentra la Ley 2454 de 2025, conocida como Ley Lorenzo, que introduce alternativas tecnológicas en materia de seguridad, vigilancia privada e inspección de sustancias u objetos, con un enfoque explícito en el bienestar de los perros utilizados en estas labores. Esta ley marca un giro relevante: ya no se trata solo de prohibir el maltrato, sino de repensar las condiciones estructurales en las que los animales son utilizados por el ser humano.

A ella se suma la muy mediática Ley 2455 de 2025, Ley Ángel, que actualiza el Código Penal, endurece las penas por maltrato animal y, quizá más importante aún, facilita los procedimientos ante las Inspecciones de Convivencia y Paz, un cuello de botella histórico para la efectividad de este tipo de normas. Aquí el derecho animal deja de ser meramente simbólico y empieza a dialogar con la realidad institucional.

El componente ambiental también tuvo un protagonismo notable. La Ley 2459 de 2025 incorpora los humedales al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y al Sistema Nacional de Cambio Climático, mientras que la Ley 2478 de 2025 apuesta por la conservación integral de todos los humedales del país. En la misma línea, la Ley 2476 de 2025, sobre ciudades verdes, articula la protección ambiental, la lucha contra el cambio climático y la planificación urbana, reconociendo —aunque aún de manera indirecta— el impacto de estas políticas sobre los animales.

Desde el derecho privado, una de las reformas más significativas es la Ley 2473 de 2025, que declara la inembargabilidad de los animales de compañía de soporte emocional, modificando tanto el Código Civil como el Código General del Proceso. Esta norma no solo tiene efectos prácticos, sino también un profundo contenido simbólico: consolida la idea de que los animales no pueden seguir siendo tratados como simples bienes muebles dentro del ordenamiento jurídico.

En materia de política pública, la Ley 2474 de 2025 incluye expresamente a los animales dentro de la Política de Gestión del Riesgo de Desastres, y la Ley 2499 de 2025 crea los Centros Regionales de Bienestar Animal, fijando lineamientos para su adecuación, operación y funcionamiento. Aquí el desafío ya no es normativo, sino presupuestal y administrativo: la distancia entre la ley y su implementación.

A este panorama se suma la Ley 2480 de 2025 (Ley Kiara), que regula los servicios de cuidado para animales de compañía, un sector en expansión que hasta ahora operaba en una zona gris normativa. Esta ley reconoce que el vínculo humano–animal también genera relaciones jurídicas que deben ser reguladas con criterios de calidad, responsabilidad y bienestar.

Sin embargo, no todo el balance es positivo. El mismo año que fortaleció la protección animal aprobó también una norma altamente cuestionada: la Ley 2501 de 2025, que introduce la pesca turística, creando —en la práctica— una nueva forma legalizada de maltrato animal, bajo el discurso del turismo y la recreación. Este contraste revela una tensión profunda: el avance normativo no siempre es lineal ni coherente.

A la espera de la firma presidencial queda la llamada Ley Empatía, que, de ser promulgada, reforzaría el enfoque preventivo y educativo en materia de bienestar animal.

El balance de 2025, entonces, es claro pero ambivalente. Colombia avanza como nunca antes en la construcción de un derecho animal transversal, pero también demuestra que el reconocimiento de los animales como seres sintientes no está aún blindado frente a intereses económicos, culturales y políticos.

Más que un punto de llegada, 2025 debe leerse como un punto de inflexión: el año en que el legislador habló fuerte y seguido sobre los animales. El reto ahora será que estas leyes no se queden en el papel y que la protección animal deje de ser una excepción emotiva para convertirse, definitivamente, en una política jurídica coherente y sostenida.